En el marco del concurso preventivo de Frigorífico General Pico, se detectó una transferencia de aproximadamente $16.500 millones hacia LDL, una firma dedicada al negocio equino y perteneciente a la familia Lowenstein. Esta operación ocurrió mientras la compañía atravesaba graves dificultades económicas y mantenía deudas con proveedores, bancos y otros acreedores.
Según la documentación del expediente concursal, los fondos fueron enviados a una sociedad cuyos dueños también integraban, en simultáneo, la administración del frigorífico. Este cruce de intereses genera interrogantes sobre la transparencia y la legalidad de la operación, dado que en ese período la empresa necesitaba recursos urgentes para adquirir ganado, sostener la producción, pagar salarios y cumplir con sus obligaciones financieras.
Mientras proveedores extendían plazos de pago y bancos mantenían líneas de crédito, unos $16.500 millones fueron desviados hacia LDL, una compañía directamente vinculada a los entonces directivos del frigorífico. La situación plantea sospechas de conflicto de intereses y posibles perjuicios para la empresa y sus acreedores.
El caso se suma a la compleja trama del concurso preventivo que tramita ante el juez Carlos María Iglesias, mientras aún no se concreta la asunción de las nuevas autoridades designadas por la Asamblea de accionistas.
Transferencia accionaria y concurso personal de los Lowenstein
En julio de este año, la familia Lowenstein transfirió la totalidad de su participación accionaria en Frigorífico General Pico a un tercero. Apenas 14 días después, Alan Lowenstein solicitó su propio concurso preventivo.
Posteriormente, la Asamblea de la empresa rechazó el balance del ejercicio cerrado en junio de 2025, desaprobó la gestión del Directorio saliente y también rechazó una propuesta de distribución de honorarios por unos $2.000 millones.
Investigación penal en curso
La administración anterior fue denunciada penalmente por presunta administración fraudulenta y balance falso. En el marco de esa causa, se tomaron declaraciones testimoniales y se realizó un allanamiento en la planta de Trenel, La Pampa, donde la Justicia secuestró documentación clave para analizar las operaciones económicas de la compañía.
El hallazgo de movimientos de fondos hacia sociedades vinculadas adquiere especial relevancia para esclarecer el uso de los recursos del frigorífico en el período previo a la presentación en concurso y para reconstruir las decisiones de sus entonces directivos.
Disputa por el control de la empresa
Además de la investigación penal, existe una controversia por la conducción de la firma. En la última asamblea, los accionistas removieron a las autoridades anteriores y designaron un nuevo equipo directivo con el fin de reactivar la actividad y preservar el empleo.
Según consta en el expediente, el juez Iglesias fue notificado de la convocatoria y el orden del día, y en la reunión participaron una veedora concursal, dos inspectores de Personas Jurídicas de La Pampa y un escribano público. A pesar de los cambios, la nueva conducción aún no logró tomar el control efectivo de la empresa.
El caso entra ahora en una fase determinante: mientras la Justicia penal analiza la documentación secuestrada y profundiza la investigación sobre las decisiones de la administración anterior, en el concurso preventivo continúa abierta la disputa por el rumbo de Frigorífico General Pico.
En este contexto, los $16.500 millones destinados a LDL se perfilan como una pieza central para esclarecer el destino del patrimonio de la compañía en el período en que se agravó su endeudamiento y terminó acogiéndose al concurso de acreedores.
